La “crónica de época” que sigue es ficticia, pero el suceso no. En 1880, el país vivió una huelga minera alentada por “200 italianos” presuntamente anarquistas, de los que jamás se volvió a saber. Fue en Cuñapirú, seis años antes de que los mártires murieran en Chicago y casi 30 antes de la primera huelga general en Uruguay.

 

Durante buena parte del año pasado –entre ocho y nueve meses, si se quiere mayor precisión– unos 200 obreros de la Compagnie Française des Mines d’or de L’Uruguay, ubicada en Tacuarembó, estuvieron en huelga; la más importante que le haya tocado presenciar a este joven país que se empeña en modernizarse.

Algo de insistencia y un giro de la suerte confluyeron para que esta publicación tenga hoy en su poder una serie de cartas que nos permiten afirmar lo antedicho y brindar, a su vez, algunos detalles sobre un hecho que, a pesar de su relevancia, ha estado rodeado de silencio.

Cuando el pasado año los rumores empezaron a circular por las calles montevideanas, azotadas por el calor del verano, varios reporteros de este periódico se abocaron a la tarea de hacer contacto con los representantes de la organización obrera que estaría llevando adelante la huelga. Fue imposible saber cuál era esa organización, como también conocer a sus integrantes, que permanecieron en el más absoluto anonimato.

La distancia jugó su partida en el mutismo. Infructuosos fueron los intentos de obtener novedades a partir de los maquinistas que llegaban desde la estación de Durazno, o respuesta a las preguntas a los transportistas de carga que unen Salto y Montevideo, y que en el litoral toman contacto con los conductores de las diligencias que cubren el último tramo a Cuñapirú.

Desde que las compañías francesas e inglesas se instalaron en el lugar, la cantidad y magnitud de las explotaciones auríferas se ha intensificado de manera tal que el paraje es el nuevo epicentro de la actividad económica del país. Unas cuarenta bocas de mina que se tragan y devuelven obreros “tiznados” con el polvo del ambiente y el barro que pisan, conviven con cerca de dos mil personas que están instaladas en Cuñapirú. Apenas a cuatro quilómetros está la mina Santa Ernestina; en el radio de unos diez quilómetros están el llamado Povinho das Minas y las minas San Gregorio y San Pablo. Algo más distante están Zapucay y Cortume.

El interés que esta nueva actividad industrial ha despertado en el gobierno, incluyendo la aprobación del Código de Minería, hace que los conflictos que se desaten en su seno llamen doblemente la atención del periodismo. Pero los obreros no aparecían y en la compañía la palabra “huelga” hacía brotar una mueca de espanto en la cara de todo funcionario que la oyera salir de los labios interrogantes.

Una de las pistas que llegó a esta redacción afirmaba que los huelguistas eran un grupo de obreros italianos anarquistas. La Federación Obrera que se conformó en Montevideo en 1875, nucleó distintas agrupaciones de trabajadores venidos de Europa, mayormente franceses, italianos y españoles. Dos años más tarde, en 1877, fue aceptada en la Asociación Internacional de Trabajadores durante su congreso en la ciudad de Verviers, en Bélgica. Sin embargo, los internacionalistas de Montevideo consultados frente a los rumores circulantes, afirmaron que no habían tenido contacto con organización alguna en Cuñapirú. A pesar de la voluntad de “expresar públicamente su solidaridad” y ofrecer su “cooperación con quienes estarían intentando hacer menos precaria su situación mediante una huelga”, no pudieron ellos mismos confirmar ni negar nada, como tampoco dar indicio alguno sobre los presuntos “anarquistas” norteños.

Los “rumores” también habían llegado a otras redacciones. En su edición del 24 de enero, el Diario del Comercio publicó una noticia sobre los malos tratos a los que eran sometidos los mineros, situación que impulsaba a muchos de ellos a huir por la noche, hacia el Brasil o hacia la capital, abandonando su miserable vida y trabajo.

La vieja maquinaria de Cuñapirú guarda la memoria de los obreros italianos.
La vieja maquinaria de Cuñapirú guarda la memoria de los obreros italianos.

El problema no fue solo el destrato. En febrero otro diario capitalino, esta vez L´Era Italiana, publicó una carta anónima denunciando que “la empresa paga a los obreros salarios mucho menores que los que ofrece; y esto puede comprobarse comparando las tarifas de los salarios que están en la calle Cerrito y en la calle Yaguarón con las papeletas y libretas que expide la dirección de Cuñapirú”. Esa carta, que el anónimo decidió difundir en una publicación destinada a la numerosa comunidad italiana residente en nuestro país, además de reforzar la idea de la nacionalidad de los huelguistas, fue la primera pista sobre el motivo del conflicto.

Las mismas dificultades que la distancia impuso a las ansias de investigación de este modesto periódico, fueron sorteadas por el diario El Siglo, que resolvió enviar a Bartolomé Bossi a conocer lo que “estaba sucediendo en las minas de oro”. Así lo anunciaron en su edición del 13 de marzo. Bossi informó al diario que su visita causó alarma: “Esto me hace sospechar que se crea que nuestra venida sea una especie de fiscalización y en ese caso probarían que pasa con este mineral algo de indebido, de irregular y que se teme a la publicidad”.

Lo que el colega encontró en el norte le causó tal estupor e indignación que lo plasmó en sus páginas: “¡Qué horror! ¡qué ceguera! ¡qué inmoralidad!”, dijo en referencia a la “monstruosidad” del tamaño de las concesiones de explotación otorgadas a una sola empresa, “pues una mina con 1.600 varas de longitud creemos que basta para enriquecer a muchas compañías más numerosas que la actual de Cuñapirú”. El hecho no solo hirió la sensibilidad del cronista, sino que la concesión infringía lo establecido por el novel Código de Minería.

Bossi pudo averiguar que las concesiones de explotación estaban plagadas de irregularidades, y muchos de sus actuales tenedores fueron directamente favorecidos por jefes políticos locales y nacionales. El corresponsal evitó dar nombres en sus reportes, pero para éste pudimos averiguar que uno de los grandes perjudicados fue el ingeniero asturiano Clemente Barrial Posada.

Hace más de diez años, y habiendo recorrido buena parte de las minas del continente, Barrial Posada decidió instalarse en Cuñapirú. Experto en reconocer y seguir las vetas del mineral amarillo, dedicó gran parte de su esfuerzo a la construcción de las instalaciones que hoy utiliza la ya mencionada empresa francesa. Fue Barrial Posada el encargado del primer diseño del ingenio y quien organizó las primeras actividades industriales en torno a la represa por él construida para utilizar la fuerza del agua “como motor de la explotación”.

“Algunos de los beneficiados andan diciendo que con nuestras francas y verídicas exposiciones sobre el mineral de Cuñapirú coartamos el progreso de esa localidad, lo que combatimos es el favoritismo y la arbitrariedad”, argumentaba Bossi en uno de sus últimos artículos en El Siglo.

Imaginemos al señor Víctor L´Olivier, director general de “la Compagnie”, al momento en que estampa su rúbrica al final de la carta prolijamente escrita, y mira por la ventana de la oficina que la empresa ubicó en lo alto de una colina, desde donde observa todo el ingenio detenido. “La mayor parte de los trabajadores de la compañía se negaron a trabajar hoy después del aviso que le mando junto”, comunicaban las letras parejas y prolijas de la carta que escribió en una hoja membretada de la empresa, y que fechó el 15 de enero de 1880. El aviso referido anunciaba que a partir de entonces se ajustaba el sueldo de los trabajadores según una nueva tarifa. La tabla de pagos muestra una escala salarial que va desde los 24 a los 43 pesos mensuales, con su correspondiente monto por día (entre uno y dos pesos respectivamente por jornal). No se especifican categorías ni ningún otro detalle, salvo que “a los trabajos en la noche se les pagará una quinta parte más” y que los capataces deberán pasar revista tres veces al día para certificar ausencias. A la primera falta se descuenta la mitad del jornal, a la segunda el día completo. “Como lo puede ver, esta notificación es en favor de ellos, no de la compañía”, interpretaba L´Olivier.

A pesar de su interpretación, o más bien en contra de ella, a continuación aclaraba: “Los trabajadores son libres de no aceptar este modo nuevo de paga, pero no puedo permitir que algunos de ellos, todos italianos, impidan de trabajar a los que quieren seguir sus trabajos”. Así, se confirma que la huelga estuvo en marcha, por lo menos, a partir del 15 de enero, día en que el director general envió la carta.

La comunicación del encargado finaliza con un dato interesante: “La fuerza que tenemos es la policía, siendo insuficiente enfrente de más de 200 italianos unidos por el miedo de algunos, vengo a pedirle de avisarme y dar órdenes al señor comisario, en conformidad con sus ideas de tal caso”.

Seis días más tarde y algunos quilómetros más al sur, la carta fue recibida por Eliseo Chaves, jefe político de Tacuarembó. Motivado por el envío recibido, escribió desde San Fructuoso una nueva misiva que, con fecha del 21 de ese mes, salió con dirección a Montevideo. A lo largo de cuatro páginas, Chaves se extendió sobre las “desgracias de consideración” que habían estado “a punto de suceder con los obreros de la compañía, llegando estos al extremo de intimidar al comisario de Policía” y al “director e ingeniero de dicha compañía”. La carta fue dirigida al entonces ministro de Gobierno, Eduardo Vázquez y en ella informó del envío de “un piquete de artillería bajo las órdenes de un empleado de esta jefatura, a fin de conseguir por buenas maneras el que se restableciera el orden entre los trabajadores, lo que se logró felizmente, habiéndose despachado 62 peones de la compañía”.

Esta mina, cercana a Cuñapirú, fue explotada en el siglo XIX por la empresa inglesa The Gold Fields of Uruguay. Así eran las galerías por las que transitaban los trabajadores.
Esta mina, cercana a Cuñapirú, fue explotada en el siglo XIX por la empresa inglesa The Gold Fields of Uruguay. Así eran las galerías por las que transitaban los trabajadores.

Además, el jefe político le avisaba al ministro que “el personal de Policía es insuficiente para imponer el orden a 416 obreros que existen hasta la fecha, llegando el caso que se repita lo sucedido”. “No habrá más remedio que repeler con la fuerza tales abusos y castigar a los instigadores del orden de una manera enérgica para lo cual estoy dispuesto, si usted no dispone lo contrario.” “Es de suma necesidad el aumento del personal de Policía hasta el número de veinticinco guardias civiles armados a Remington, por lo que pido a usted se sirva mandarme el número necesario de carabinas de ese sistema.”

A casi un año de los hechos relatados, tres conjuntos de cartas que circularon entonces llegaron a nuestra redacción. El primero lo componen las mencionadas en los párrafos que anteceden, intercambiadas en enero de 1880, cuando los rumores sobre la huelga empezaban a circular en el tórrido Montevideo.

Un nuevo intercambio epistolar entre Chaves y L´Olivier sucedió entre el 12 y el 13 de febrero, en el que el jefe político inquirió al empresario sobre “los rumores desagradables con referencia al maltrato que reciben los trabajadores y cómo entre las distintas versiones que corren entra la de que allí se aplican castigos corporales”. En su respuesta L’Olivier desmintió las denuncias y brindó datos que permiten conocer algunos aspectos de la relación entre la empresa y sus trabajadores. El director afirmó que no hay contratos entre las partes, “ellos se obligan únicamente a la salida de Montevideo a reembolsar sus gastos de viaje fijados a 19,75 pesos, sea: boleto de ferrocarril Montevideo–Durazno, pasaje y comida de Durazno a Cuñapirú, empeñando sus equipajes y herramientas”.

Otro hecho, al parecer aislado pero también referido a la Compagnie Française des Mines d’or de L’Uruguay, fue difundido en la edición del 3 de junio del diario El Siglo: L’Olivier fue reemplazado en sus funciones por los ingenieros franceses Charlier y Fouest. Este último fue quien el 18 de agosto de 1880 echó a andar nuevamente el pedido de auxilio a Tacuarembó: “la presencia de un destacamento de soldados regulares bajo el mando de un oficial enérgico me parece absolutamente necesaria durante algún tiempo y podrá solo impedir asuntos graves”, reclamó el nuevo gerente de la compañía en su misiva.

minería 12

Manuel Suárez, nuevo a su vez en el cargo de jefe político del departamento, anunció, en una carta fechada el 30 de agosto, su decisión de hacer lugar al pedido de la Compañía enviando “un piquete de diez hombres a cargo de un oficial de artillería”.

A la luz de estas nuevas evidencias es posible afirmar, como se dijo al inicio, que la huelga efectivamente sucedió entre enero y agosto. Fue reprimida y no ha quedado rastro ni registro de ninguno de sus participantes, salvo que se trató de “200 obreros italianos”.

Si la modernización que el país ha emprendido implica, como describió el embajador inglés Clare Ford en 1879, que para atraer “el capital superabundante en los países más ricos, dos cosas esenciales son precisas: la certidumbre del fiel cumplimiento de los contratos que se establezcan, y la perspectiva de una completa seguridad en la vida y propiedad, junto con la confianza en la estabilidad de los poderes gubernativos”, esto no incluye los compromisos de otra clase: el de las empresas con sus trabajadores.

Los documentos aquí citados revelan la necesidad de reconstruir lo sucedido en esos meses de huelga, a los que un manto de silencio grande como los hechos relatados se empeña en cubrir. Particularmente, urge esclarecer el paradero de esos 200 obreros.

A más de un año de lo sucedido, este artículo apela a levantar el silencio. Sacudirlo como se hace para quitar las migas de pan que quedan sobre el mantel, una vez que el almuerzo ha finalizado.


LAS FUENTES

“Nunca pude comprobar ninguna de las identidades de los mineros” es lo primero que dice, casi lamentándose, Selva Chirico, profesora retirada de Secundaria e investigadora en historia, especialista en lo relacionado con la explotación minera en Cuñapirú y Corrales. “De mis mineros”, enfatiza.

Larga data la liga a esos pagos. En su línea familiar pueden hallarse los primeros pobladores criollos de la zona, los Paz Brisola. Trae memorias de madre y abuelas como prueba en la conversación, indicios que van pautando una reconstrucción minuciosa.
Su trabajo y su relato fueron la columna vertebral de este artículo. Las cartas que se mencionan en la crónica fueron halladas por ella, revisando y desempolvando documentos en archivos intocados durante años. Habían permanecido inéditas hasta su publicación en Ajena.

“Lo expuesto pretende dejar en evidencia un modelo de aplicación del imperialismo europeo en nuestro país que ha sido poco difundido, tanto en el sentido económico: la minería, como en las relaciones patrón-obrero”, instruye. Si los capitales llegaron con nuevas formas de explotación, los obreros trajeron nuevas formas de lucha. “No tengo duda que eran anarquistas, por el método”, sentencia Chirico.

La información sobre la situación del anarquismo vernáculo a fines del siglo XIX fue proporcionada por Pascual Muñoz, historiador independiente especializado en la temática, quien a su vez, al igual que Chirico, referenció un trabajo anterior sobre esta huelga en particular.

“La primera huelga en el Uruguay, Cuñapirú 1880: Huelga minera contra los gringos” es el nombre del artículo escrito por Yamandú González Sierra y publicado en la revista Compañero, en su edición del 22 de mayo de 1986. Él fue quien revisó los diarios de la época y sistematizó la información existente, que también se utiliza en esta crónica.

No debemos dejar de mencionar el trabajo de Armando Olveira Ramos, quien se encargó de seguir la figura de Clemente Barrial Posada en su libro Héroes sin bronce: crónicas de pasiones asturianas en tierra uruguaya, editado por Trea en 2005. Tampoco el del antropólogo Fernando Acevedo, Las máscaras de la identidad colectiva, una aproximación socio-antropológica al rico patrimonio de los corralenses, editado por los Fondos Concursables para la Cultura del MEC, edición 2008.

Esta crónica, en realidad, la escribieron todos ellos.

Fotografías: Ignacio Iturrióz