Esta nota aborda un tema del cual se ha hablado muy poco en estas cuatro décadas: la tortura de personas vinculadas a los partidos tradicionales en el período comprendido entre la derrota de la guerrilla y el golpe de Estado. Específicamente, se centra en acontecimientos ocurridos en la ciudad de Paysandú en abril y mayo de 1973.


En setiembre de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) estaba militar y políticamente derrotado. Su aparato armado había sido desmantelado y casi todos sus militantes estaban presos o en el exilio. Pero en sus casi diez años de existencia el movimiento había acumulado cierta información –confiable o no– sobre la corrupción de las élites políticas y económicas del país.

Consumada la derrota, la cúpula del MLN decidió usar esa información de manera sorprendente.

Cuando la formación de ese movimiento guerrillero ya estaba fuertemente instalada en la sociedad la idea de que Uruguay había sido un país próspero ahora echado a perder, no por los errores y las malas decisiones que colectivamente hubieran tomado los uruguayos, sino por las roscas en que estaban metidos unos pocos avivados. Que la crisis del país no era propiamente de orden político o económico, sino más bien de naturaleza moral. Esta convicción estaba extendida entre la gente de izquierda, pero también entre los votantes y simpatizantes de los partidos tradicionales. Aunque habría que ser muy necio para negar que la revolución cubana tuvo una influencia notable en la definición del horizonte estratégico y los métodos de acción específicos del MLN, hay que admitir también que ese clima cultural y de época hizo que mucha gente que no era de izquierda y que no necesariamente veía con buenos ojos la revolución cubana creyera –al menos al inicio– que el cambio de timón que el país necesitaba podía ser protagonizado por esa organización armada. En ese sentido, las denuncias de corrupción que protagonizó el MLN como parte de sus primeras acciones de propaganda armada le granjearon en un principio la simpatía de amplios sectores de la población.

Cuando hacia mediados de 1972 el MLN había perdido ya toda capacidad real de imponer sus objetivos estratégicos por la vía militar, sus dirigentes entablaron confusas negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas (FFAA), que inicialmente no prosperaron. El MLN, cada vez más diezmado, continuó con las operaciones militares por un breve período, aunque finalmente fue derrotado por completo.

Una vez que se produjo la derrota definitiva, la cúpula de la organización hizo otro intento de negociación con los militares. Ofreció la información que había acumulado durante esos años sobre la corrupción de las élites políticas y económicas a las FFAA para que tomaran en sus manos y continuaran ese combate. Hubo entonces (antes y después de esas negociaciones, dentro y fuera del MLN, así como dentro y fuera de la izquierda) muchos que creyeron que había una fracción de militares nacionalistas y honestos que estaba llamada a ser un factor central en el cambio de rumbo que el país requería.

A esa altura algunos sectores de las FFAA se habían convencido (aparentemente) de que la corrupción política y económica era la causa de la actividad guerrillera. En fecha tan temprana como el 23 de setiembre de 1972, en oportunidad de un desfile militar y homenaje público a José Artigas cuando se cumplían 122 años de su muerte, el brigadier general (aviador) José Pedro Jaume, en representación de las FFAA, dijo: “No queremos ganar sólo la batalla; queremos ganar la guerra. Y la lucha no ha terminado ni terminará si además de extirpar el cáncer, no emprendemos con igual energía la tarea patriótica de remoción de las causas de la violencia […]. Tan enemigos son los que ocultos tras un seto asesinan a mansalva o aquellos que, incapaces de ningún acto de valor, descargan su cobardía y su frustración sobre el que encuentran desprevenido e inerme. Tan enemigos como éstos, repito, son los agiotistas, los usureros, los contrabandistas, los especuladores, los estafadores del erario público”. Poco más de un mes y medio antes, el 4 de agosto de 1972, los oficiales de la Armada, reunidos en una asamblea del Club Naval, habían sostenido ya que el país se enfrentaba no solamente a una sino a variadas formas de subversión. Ese día los oficiales navales identificaron no menos de seis: “la que empuña las armas para asesinar cobardemente”, “la que expolia la economía nacional”, “la que usurpa al pueblo el producto de su trabajo”, “la que propende a la corrupción moral, administrativa y/o política”, “la que practica el agio y la especulación en desmedro de la población”, y “la que compromete la soberanía nacional”.

La propuesta de la cúpula del MLN a los militares –aunque pueda parecer sorprendente– fue aceptada. Por algunas semanas, en setiembre y octubre de 1972, con la asistencia de militantes de la organización –hubo quienes participaron en forma activa (algunos de ellos dirigentes muy encumbrados) y también quienes se negaron tajantemente a hacerlo–, las FFAA se dedicaron a detener en forma extrajudicial y luego a interrogar bajo tortura a un puñado de personas vinculadas a actividades empresariales y económicas consideradas sospechosas. Se trataba básicamente de gente cercana a los partidos tradicionales, sobre todo al Partido Colorado y al grupo Unidad y Reforma (Lista 15), que encabezaba el doctor Jorge Batlle.

Esta campaña conjunta contra los “ilícitos económicos” fue vivida con entusiasmo –como si de una verdadera “tupamarización” de las FFAA se tratase– por varios dirigentes y militantes del MLN que se encontraban recluidos en diversas unidades militares.

Todo lo anterior está bien establecido históricamente, aunque no sea un tema del que se hable con frecuencia. Es natural que así sea. Ni a los dirigentes y militantes del MLN que participaron del asunto ni a los militares de la época les conviene recordar estos hechos. Un argumento (una excusa) muy común para justificar la tortura dice que a veces hay que obtener información en forma urgente porque puede haber vidas que dependan de ella. En todo esto, obviamente, no estaba en juego la vida de nadie y no había ninguna urgencia.

En pocas semanas las jerarquías militares desarmaron el esquema de represión extrajudicial de los “ilícitos económicos” y pusieron un punto final a la colaboración entre la cúpula del ya desmantelado MLN y las FFAA. Pero el asunto no  terminó allí. Hubo por lo menos otra ofensiva (ya sin la participación del MLN) dentro de ese esquema represivo. Ocurrió a principios de 1973, en vísperas del golpe de Estado, en la ciudad de Paysandú.

INFORME PAYSANDÚ - Foto 2 - sin crédito

En los meses de abril y mayo de 1973 varios funcionarios de la Intendencia Municipal de Paysandú fueron detenidos y sometidos a terribles torturas en el Batallón de Infantería N° 8 de la capital de ese departamento. La situación tomó estado público merced a una denuncia parlamentaria que hiciera el senador colorado Amílcar Vasconcellos. La detención y tortura de los funcionarios estuvo relacionada con el procesamiento, el 23 de abril de ese año, del intendente departamental, arquitecto Óscar M Garrasino, que era un veterano dirigente de Unidad y Reforma (Lista 15). El intendente había sido acusado de abuso de funciones y estaba siendo investigado también por otros cargos. El 21 de junio Vasconcellos denunció los hechos en el Senado y distribuyó una copia de las declaraciones ante la justicia civil en que los funcionarios daban cuenta de las torturas recibidas. Al día siguiente la bancada de Unidad y Reforma en la cámara alta solicitó la creación de una comisión investigadora. Ese mismo día el periódico quincista Acción comenzó a publicar los testimonios que Vasconcellos había difundido en la cámara. En esa primera entrega se divulgaron las declaraciones judiciales de dos camioneros de la comuna sanducera.

El primero de ellos, de iniciales PH, había sido detenido el 28 de abril por la Policía y derivado inmediatamente al batallón. Allí fue encapuchado y dejado un día de plantón. Al día siguiente fue conducido a interrogatorio. Siempre encapuchado, se le hicieron algunas preguntas. “Entre ellas qué enjuague tenía yo con el intendente y qué negociados teníamos en el Municipio, y yo les contesté que ninguno. En ese momento me pegaron en la cabeza y luego me dijeron: ‘Esta es la primera mentira que nos decís’, y me mandaron de vuelta al ‘plantón’.”

Al otro día fue conducido nuevamente a interrogatorio. “Fui llevado por dos soldados casi a la ‘arrastra’, pues mi cuerpo estaba entumecido, para la habitación donde se realizaba el ‘submarino’. Me hicieron sacar la ropa y me esposaron y me empezaron a interrogar, que tenía que decir a quién le vendía pórtland y mármol, y yo siempre les contestaba que nunca vendí ni pórtland ni mármol y entonces me empezaron a decir: ‘Bueno, ya nos estás tomando el pelo’, y me empezaron a propinar golpes en la boca del estómago y choques eléctricos, luego me sumergieron tres o cuatro veces en el ‘submarino’. […] Introducían un cable dentro del agua con corriente y esto parecía que me reventaba la cabeza y los oídos y luego insistían sobre algunas irregularidades y siempre por el mismo tema.”

Este tratamiento se repitió a diario durante unos quince días. Finalmente, el funcionario fue obligado a firmar declaraciones fraguadas, conducido en dos oportunidades a declarar (bajo amenazas) ante la justicia civil, y posteriormente fue trasladado a la cárcel departamental.

El segundo camionero, de iniciales MC, fue detenido unos días más tarde, el 1 de mayo, también por la Policía, y derivado inmediatamente al batallón, al igual que su compañero. La suerte de MC no fue distinta. Todo su periplo dentro del batallón fue desgraciadamente análogo al de su colega.

“Me ponían de rodillas en un tanque redondo, digo eso porque después lo vi, un tanque redondo de Coca-Cola, lleno de agua, me zambullían hasta la mitad del cuerpo, agarrándome la cabeza de los pelos; esa operación la repetían tres o cuatro veces, cuando salía me daban una trompada en el estómago para que no pudiera respirar. No me preguntaban absolutamente nada. Ese castigo lo recibí sin comer, sin dormir, haciendo paredón durante seis días. […] Dos palizas de mañana y tres de tarde. […] El séptimo día me llevaron de mañana, la hora no sé. Me dijeron que si no decía todo, lo que yo había robado, todo lo que había robado Garrasino […], me iban a dejar ‘violeta’. […] Como ya no podía más […], a uno que me hablaba o me preguntaba le pedí que me pusiera lo que quisiera, que yo había robado […] que yo había hecho de tupamaro, que pusiera cualquier cosa que yo la firmaba, pero que no me castigaran más.”

Un dato interesante que aparece en las declaraciones de ambos funcionarios es el hecho de que el personal de la unidad militar les decía que los interrogatorios a que eran sometidos no estaban a cargo de integrantes del propio batallón sino de personal de la Armada. Esto, desde luego, puede haber sido una mentira.

En total Vasconcellos distribuyó en sala nueve testimonios de otros tantos funcionarios, todos similares y esencialmente coincidentes con los dos ya considerados. Entre ellos destaca el de una mujer, de iniciales MR, cuyo relato viene a confirmar, por si ello fuera necesario, la saña de los torturadores. MR se presentó el 21 de abril en el batallón en compañía de su esposo porque la Policía había intentado detenerla en su casa. Ambos quedaron detenidos ese mismo día. El tratamiento que recibió MR no difiere del que sufrió el resto de los detenidos, aunque ella estaba embarazada de tres meses y advirtió de ello a los guardias.

“El primero de mayo, lo recuerdo, pues era un día muy especial en el batallón. Me llevaron a la sala de interrogatorios, me pusieron una mordaza, me esposaron con las manos en la espalda y uno de los soldados me dijo: ‘Ahora vas a sentir verdades’ [sic]. Trajeron a otra persona a la que empezaron a castigar y la nombraron, por lo que me di cuenta de que era mi esposo. Cuando lo empezaron a castigar a mí me sostenían entre dos soldados, apretándome las piernas; y sentía las trompadas que le pegaban a mi marido. Y cuando lo metían en el agua lloraba y gritaba. Entonces ahí le preguntaban, que dijera todo lo que yo, Garrasino y él habíamos robado, hasta que al final decía cualquier cosa. […] Se lo llevaron y a mí me sacaron la mordaza y me sumergieron en el agua, pidiéndome: ‘Confesá, confesá’. También me pasaban electricidad en las manos y me pegaban. Uno de ellos me levantó el buzo y le pedía al otro que me pasara electricidad en el estómago, así se terminaba el problema del embarazo y me podían hacer cualquier cosa.”

La solicitud de crear una comisión investigadora que estudiara los hechos, que había sido presentada por los senadores de Unidad y Reforma, fue aprobada en la cámara alta en la tarde del 26 de junio de 1973. Como es obvio, esa investigación nunca se llevó a cabo. Por esas horas el presidente Bordaberry firmaba el decreto que disolvía las cámaras.

¿Había personal de la Armada en abril y mayo de 1973 en el Batallón de Infantería N° 8 de Paysandú torturando a civiles por presuntas irregularidades en la comuna de aquel departamento? ¿Por qué estaban allí, en caso de que estuvieran? ¿Por qué las FFAA estaban tan interesadas en inculpar al intendente Garrasino en hechos de corrupción? ¿Todo ello fue parte de la operación para desprestigiar a los políticos y preparar el golpe de Estado? ¿Tal cosa era necesaria, a esa altura del partido, cuando después de los sucesos de febrero de ese mismo año las FFAA habían conquistado ya en los hechos buena parte del poder político que se proponían obtener?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta al día de hoy. La historia se olvidó en buena medida de estos acontecimientos, considerados quizás menores. Sin embargo, estudiarlos ayudaría a entender mejor el camino que recorrió la democracia uruguaya, en forma lenta pero constante, para convertirse en una dictadura.